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La aplicación de pruebas estandarizadas para conocer logros académicos y la generación de competencias y habilidades ha provocado no sólo en México, sino a escala regional y mundial, un amplio debate sobre qué se debe evaluar, cómo y cuál es el objetivo de identificar el grado de desarrollo de habilidades y competencias educativas.
Especialistas, académicos y profesores de enseñanza básica del país aseguran que la aplicación de éstas es un “debate abierto, pues sus resultados no se han traducido en acciones que concreten una política educativa integral, al percibirse como herramienta para determinar responsabilidades ante los bajos resultados académicos, pero no para construir soluciones”.
Investigadores de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (Preal) expresan que si bien dichas evaluaciones se han convertido en elemento para conocer la dinámica de los procesos educativos, con el fin de detectar logros y estancamientos, sus resultados “no van a resolver los problemas si no van acompañados por mayor inversión, uso transparente de los recursos y un amplio e incluyente debate social sobre las decisiones que se deben tomar”.
Incluida como uno de los ejes prioritarios de la agenda educativa del gobierno calderonista, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), que este año se aplicó a más de 11 millones de alumnos de enseñanza básica y por vez primera a cerca de 900 mil estudiantes de bachillerato de planteles federales, genera posiciones encontradas ante lo que maestros y especialistas han calificado de herramienta para “maquillar el creciente abandono, por parte del Estado, de la escuela pública, sin que se asuma que los resultados son generados por diversos factores, incluidos los que están fuera del aula y de la escuela”.

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